Para cumplir con los objetivos de
país mediante procesos basados en la democracia participativa, el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y considerando a la persona humana como el fin
supremo de la sociedad, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), ejecuta diversos proyectos orientados a
incrementar capacidades para enfrentar el cambio climático.
Entre las ejecutorias gubernamentales
se prioriza el proyecto REDD+ Honduras; que integra a la empresa privada a
través de los grupos agroforestales, las asociaciones silvícolas y también la
academia, privilegiando en primer orden el tema de gobernanza, un Sistema
Nacional de Monitoreo de los Bosques, que sirve para registrar la forma en que
se utiliza la tierra y para desarrollar datos que muestran los niveles de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y las eliminaciones de estos
gases relacionadas con los bosques.
Cesar Díaz, presidente del pueblo Chorti
beneficiario del proyecto REDD+, informó, que “nos han venido apoyando con el
aspecto logístico en la aprobación de un plan de capacitaciones que ha
propuesto la confederación de pueblos autóctonos de Honduras (CONPAH).
“Es bien importante para nosotros una
salvaguarda cultural tomando en cuenta que dentro del contexto de cada uno de
los pueblos hay una identidad que hay que cuidar y si bien es cierto la salvaguarda
tiene que ver con la protección de los recursos naturales y el reconocimiento del territorio, ya que son parte interactiva de nosotros como
seres humanos, acotó Díaz.
El término “salvaguardas” suele
referirse a los procesos o políticas diseñados para mitigar riesgos. Las siete
salvaguardas asociadas a REDD+, según lo acordado en el marco de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), constituyen
principios generales que pueden ayudar a garantizar que las actividades de
REDD+ “no causen daños” a las personas ni al medio ambiente, con efectos
positivos que mejoren los beneficios sociales y ambientales.
Roberto Portillo técnico del proyecto
REDD+ informó, que pese a que aún no está terminado el mecanismo a implementar
a nivel nacional, somos el único país en Latinoamericano que actualmente aparte
de los siete principios que nos establece la convención en la parte social
tenemos una salvaguarda que se está desarrollando, talleres muy específicos
donde tratamos de plasmar la cosmovisión indígena, es algo que nos tiene en la
mira internacional”.
El gobierno de la República en aras
de mejorar la vulnerabilidad del país, encamina políticas públicas basadas en la
participación y mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a
través de la Secretaría de MiAmbiente+ como punto focal ante los compromisos de
país en temas ambientales, esfuerzos que buscan enfrentar con resiliencia los
efectos adversos del cambio climático, puesto que Honduras es uno de los países
con mayor vulnerabilidad según el Índice Global de Riesgo Climático.
El proyecto REDD+ se encuentra en la
primera etapa de preparación, y se dispone a la segunda etapa de implementación
de las políticas y medidas encaminadas a la construcción favorable para REDD+ relativas
a la planificación del uso de la tierra, prácticas de la agricultura y
silvicultura sostenible, apoyo a medios de vida alternativos, restauración de
bosques, estrategias nacionales y otros que contribuyen en la etapa de
implementación.
Para Honduras un posible mecanismo
REDD+ implica: Mejorar la calidad de vida de las personas a través de la
conservación de la biodiversidad, el manejo forestal sostenible y la
restauración de áreas de vocación forestal degradadas.
El proceso de REDD+ tiene un enfoque
metodológico participativo con la finalidad de incluir e involucrar a la
población específicamente a la que tiene sus medios de vida en torno al bosque,
brindando una atención diferenciada a los Pueblos Indígenas y Afro hondureños
(PIAH), en coordinación con la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños
(DINAFROH), unificando esfuerzos que sumen a los objetivos del proyecto dentro
de las plataformas de participación ciudadana.
El proyecto es financiado por el Fondo
Cooperativo para el Carbono (FCPF, por sus siglas en ingles), y por el Programa
ONUREDD+ por medio de sus agencias, FAO, PNUD, ONU Medio Ambiente.